En Sidide, ofrecemos mucho más que un Sistema Interno de Información. Somos los únicos en el mercado que complementan un avanzado canal de denuncias con un soporte legal inigualable, un servicio doblemente robusto que distingue a nuestra oferta. Nuestros precios incluyen:

Canal de denuncias interno: Nuestra plataforma está diseñada para garantizar una comunicación anónima y segura, cumpliendo con los estándares más altos de protección de datos personales y confidencialidad. Incluído en todos nuestros packs.

Soporte legal integral: Tu entidad tendrá acceso al equipo de asesores legales especializados de TECH TELECOM LEGAL SERVICES, S.L. , listos para guiarte a través de cada etapa del proceso de denuncia, además de contar con garantía legal en caso de sanciones por la implementación del Sistema Interno de Información. Incluído solo en nuestros planes Premium y Business.

*Cada bloque de 50 trabajadores adicionales, tendrá un incremento de 50€ en el precio mensual del Plan Básico.

Coste de implementación 450€.

Precios válidos hasta el 31/12/2024. IVA no incluido. Facturación anual.

Promoción de lanzamiento

Contrata cualquiera de nuestros planes con un coste de implementación de 0€ (valorado en 450€). Oferta válida hasta el 31 de mayo de 2024.

FAQ's

Preguntas frecuentes

Te ayudamos a aclarar cualquier duda que tengas con tus derechos.

Es un sistema confidencial donde los empleados, ex-empleados, becarios, participantes en procesos de selección de personal, clientes, proveedores, colaboradores externos, o cualquier tercero que tenga relación mercantil con la entidad sobre la que se informa, pueden reportar infracciones de forma anónima si quieren. Hay dos canales: uno interno dentro de la entidad y otro externo manejado por una autoridad independiente.

Las comunicaciones pueden ser escritas u orales, y las orales pueden ser presenciales o por grabación.

  • Entidades privadas con más de 50 empleados.
  • Entidades de sectores específicos como servicios financieros, transporte, medioambiente. Sin importar su tamaño.
  • Entidades del sector público, excepto municipios pequeños (menos de 10.000 habitantes o menos de 50 empleados).
  • Entra en vigor en marzo de 2023.
  • Plazo para implementación: junio 2023 para grandes entidades y sector público, diciembre 2023 para medianas y pequeñas.

Cualquier empleado, ex-empleado, becario, participante en procesos de selección de personal, cliente, proveedor, colaborador externo o cualquier tercero, que tenga o haya tenido relación laboral o mercantil con la entidad sobre la que se informa; y en el desarrollo de dicha relación haya obtenido información sobre infracciones.

  • Incumplimientos de leyes o normativa legal.
  • Normas internas, Códigos éticos y/o Códigos de conducta.
  • Riesgos para el interés público.
  • Acciones que puedan perjudicar a la entidad.
  • Corrupción, sobornos, fraudes, etc.
  • La entidad no puede tomar represalias contra quien informa.
  • Sus datos son confidenciales.
  • Si se siente amenazado, debe protegerlo.
  1. La entidad debe investigar, llegar a conclusiones y comunicarlas a quien informa.
  2. Comunicar la infracción, -si existen pruebas concluyentes de que tuvo lugar-, al Organismo de la Administración pública que tenga competencia para investigar y sancionar (Agencia Española de Protección de Datos, Hacienda, Seguridad Social, etc.), así como al órgano judicial competente.
  3. Tomar medidas disciplinarias contra los responsables si se demuestra.
  4. Quien informa puede estar en desacuerdo y recurrir al canal externo.

Se podrá recurrir a la autoridad externa independiente. Y en última instancia, contactar con medios de comunicación.

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